Plantearse la idea de poner una piscina en el jardín no es un propósito poco común. Son muchas las familias que, llegada la temporada veraniega, exponen sobre la mesa la posibilidad de dar a sus vidas un toque más refrescante.
Además del atractivo que supone para la vivienda, la comodidad de darse un chapuzón cuando apetezca y sin necesidad de desplazarse entra dentro de las ventajas más mencionadas. Sin embargo, no todas las piscinas que actualmente existen en el mercado presentan las mismas facilidades de montaje. En función de su tamaño, de su estructura o del tipo de instalación que requieran, la normativa vigente establece la necesidad de disponer de permisos de construcción determinados. Incumplir las normas en este sentido puede acarrear, además de una sanción económica, la demolición total de la piscina.
No sin licencia ni proyecto
En España no existe una ley estatal específica que regule la seguridad en este ámbito. La normativa referente a las piscinas de uso público y al proceso burocrático previo a la construcción de las piscinas de uso particular es de carácter autonómico. En 1987 Catalunya publica el primer decreto dirigido a la regulación de la seguridad en materia de piscinas. Y a raíz de este documento el resto de comunidades empiezan a crear legislación en este ámbito. Aunque en la mayoría de los casos dichas normativas sólo hacen referencia a las piscinas destinadas al uso público, en algunos supuestos también incluyen las pertenecientes a las comunidades de vecinos. Pero la gran variedad de normas establecidas impide disponer de un consenso común. A modo de ejemplo, en el caso de las piscinas de uso público y colectivo, existe una gran diferencia entre los parámetros sanitarios que evalúan la calidad del agua. Los valores pueden variar según la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos. Y lo mismo ocurre con los aspectos de seguridad relativos a la presencia de socorristas, que pueden cambiar de una población a otra.
Los reglamentos son autonómicos
El principal problema que deriva de este aspecto legal es que, en función de la localidad y del ayuntamiento, el reglamento puede variar, por lo que es esencial realizar una consulta íntegra antes de empezar con el levantamiento. El primer aspecto que debemos tener en cuenta en cuanto a la normativa de piscinas se refiere es especificar si su uso es público o privado, ya que las piscinas de uso familiar presentan una legislación distinta.
Obtención de la licencia de obras
La mayor parte de los ayuntamientos de nuestro país consideran que la construcción de una piscina es obra mayor, por lo que su levantamiento va a requerir de una licencia de obras y de un proyecto visado por un arquitecto o profesional del sector. Sin la elaboración previa del diseño la obtención de la licencia de obras para la construcción de una piscina es del todo imposible. Por ello es esencial comprobar que el terreno sea edificable, que la distancia entre la calle y la piscina sea la adecuada y que una vez finalizada la obra la red de desagües municipal quede perfectamente conectada a la piscina. Todos estos aspectos, a tener en cuenta por el ayuntamiento en cuestión, son los que decantarán la balanza de la licencia hacia la concesión del permiso de obras. Aunque la autoridad local es la que establece en cada caso el precio final de la licencia, el coste de la misma para la construcción de una piscina puede alcanzar el 10% del presupuesto de ejecución material indicado en el proyecto visado. El plazo de obtención del permiso de obras puede oscilar entre los dos y los tres meses y sólo una vez concedido y notificado mediante correo certificado se puede dar comienzo a la instalación.
La piscina desmontable, un producto de temporada
En la construcción de piscinas al aire libre y desmontables, con una dimensión menor de 20 m2 y con una profundidad máxima de 1 metro, no es necesaria la realización de ninguna gestión ni la elaboración de ningún proyecto. No obstante, algunos ayuntamientos exigen en piscinas de pequeñas dimensiones la materialización de una solicitud de obra menor. Esta licencia define a aquellas construcciones que no afectan ni a la fachada ni a la estructura de la vivienda, que se realizan en su interior y que consisten en la modificación de la distribución o de la instalación. Además, si las modificaciones se realizan en el exterior de la vivienda y éstas consisten en el levantamiento de alguna estructura para elevar la piscina, también se necesita licencia, ya que el ayuntamiento debe supervisar dónde y cómo va a colocarse en aras de preservar el bienestar de la comunidad. Por este motivo, a modo de recomendación, la mejor opción es acudir previamente a la autoridad municipal para recabar la información pertinente y asegurarse de todos los pasos que deben seguirse antes de iniciar la obra.
En el caso de las piscinas desmontables, uno de los principales aspectos a tener en cuenta es la temporalidad. La regulación contempla a este tipo de productos como artículos que son temporales y que, por consiguiente, no requieren ni de licencia de obras ni de proyecto visado ni de supervisión de un técnico. Todo ello siempre y cuando no se realice ninguna obra para mejorar su entorno, como por ejemplo semienterrarla, ya que en estos casos sí que es necesaria la obtención de una licencia. En toda construcción, por pequeña que sea, debe tenerse en cuenta la legislación vigente, así como seguir las ordenanzas municipales para marcar la distancia con los límites vecinales.